Lideresas indígenas y organizaciones no gubernamentales alertaron durante el foro «Voces Indígenas, Ambiente y Cambio Climático en la Transición Venezolana» sobre las graves amenazas que enfrentan los pueblos originarios de Venezuela. El evento, organizado por Provea, Clima 21 y Wayamoutheri, reunió a especialistas y representantes comunitarios para denunciar cómo el avance de la minería en los estados Bolívar y Amazonas continúa provocando desplazamiento forzado, incremento de la violencia y deforestación acelerada en territorios ancestrales.
Jersy Delgado, periodista indígena warekena, denunció que pese a la prohibición legal de actividades mineras en Amazonas, la Corporación Venezolana de Minería opera en la región reclutando mineros artesanales. La activista cuestionó cómo una corporación estatal puede operar en territorios indígenas sin conocimiento de las autoridades, mientras estas responsabilizan exclusivamente a las comunidades por la extracción ilícita. Delgado también documentó asesinatos de líderes piaroa y el desplazamiento forzado de comunidades jivi y hottuja desde la frontera Amazonas-Bolívar, obligadas a migrar por el despojo territorial.
Ana Figueroa, lideresa indígena pemón, denunció que los pueblos originarios fueron completamente excluidos de la consulta previa para la reforma de la Ley Orgánica de Minas aprobada en abril de 2026. A pesar de que las comunidades presentaron sus reclamos ante la Asamblea Nacional, los representantes legislativos rechazaron sus demandas argumentando que la ley ya estaba sancionada. Esta exclusión refleja un patrón de marginación donde los pueblos indígenas son valorados solo por su valor cultural y artesanal, pero ignorados cuando defienden sus derechos territoriales.
Linda Bustillos, investigadora de la Universidad de Los Andes, advirtió que el nuevo marco legal minero y la reforma de la Ley de Hidrocarburos abren una nueva fase de extractivismo que paraliza los procesos de demarcación territorial sin entregas de títulos desde 2014. La situación ha profundizado la violencia de grupos irregulares, ha generado captación de jóvenes indígenas en fuerzas criminales, trata de mujeres y la imposición casi forzada de la minería en territorios desatendidos por el Estado, resultando en la deconstrucción del tejido social de las comunidades.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
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